Blog Inmobiliario Gilmar

Los vecinos del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca han estrenado en los últimos días una nueva pasarela peatonal sobre las vías de la línea ferroviaria entre Hendaya y Madrid, tras la finalización de unas obras que se iniciaron por la petición de los vecinos que recabó más de mil firmas.

MADRID,  (EUROPA PRESS)

Concretamente 1.087 apoyos, según han señalado Óscar Álvaro Rodríguez y Rodrigo Álvaro, promotores de la Plataforma Carretera de Húmera a Aravaca, que inició hace dos años una recogida de firmas para mejorar un paso sin aceras ni arcén, “muy peligroso” para los vecinos que debían cruzar por ahí.

Con el apoyo de la Asociación de Padres y Alumnos del Colegio Rosa Luxemburgo, y tras sucesivos encuentros y contacto con la Junta de Distrito, responsables municipales de Movilidad y Obras Públicas y de Adif, el proyecto logró recabar un “compromiso” por todas las partes de llevar a cabo una inversión de 412.482 euros traducidos en la construcción de aceras, dos pasos peatonales y un semáforo.
Asimismo, la mejora ha supuesto una renovación del asfalto, un reforzamiento de la estructura del puente y la dotación de mobiliario nuevo en forma de 30 metros de barandilla y una valla peatonal de 108 metros.
Lo que antes era un “campo salvaje”, según señalaba un vecino, desde el pasado mes de diciembre es un paso “moderno y señalizado”, apto para el paso de peatones. Todo ello “a base de ser pesados y de insistir”, y de “presionar” a los responsables cuando “se daban largas”.

“IMPLICACIÓN ACTIVA” DE LOS VECINOS

Hasta este nuevo paso se ha acercado la alcaldesa de la capital, Ana Botella, que ha agradecido precisamente a estos vecinos su “implicación activa en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de su calle, barrio o distrito”, según ha manifestado durante su intervención posterior a la visita.

Estas obras se enmarcan dentro de un programa de obras de “adecuación urbana” a través del cual se desarrollan actuaciones “por y para las personas”, según ha apuntado la alcaldesa, que ha destacado que estas inversiones se hacen “teniendo en cuenta las propuestas de las juntas municipales y las peticiones vecinales”. Uno de los proyectos entre los que se incluyen dentro de este programa es el de ‘Camino seguro al cole’, que tiene como objetivo mejorar el tránsito peatonal en los centros escolares mediante actuaciones como la ampliación de la superficie de los pasos peatonales, la mejora de su visibilidad o la instalación de semáforos. Otros proyectos incluidos en este programa son los de supresión de barreras arquitectónicas para adaptar a la normativa vigente los pasos de peatones, sustituir las escaleras por rampas o mejorar las condiciones de accesibilidad a la red de transporte público.

VISITA POR EL POLIDEPORTIVO

Botella, que celebrará este viernes su primer mes como regidora de la ciudad de Madrid, ha hecho además una visita a los vecinos del distrito que se encontraban en el Centro Polideportivo Municipal Alfredo Goyeneche, donde ha recibido las impresiones de los vecinos. A su entrada, una mujer que salía de hacer ejercicio mostraba su satisfacción por el servicio ofrecido en esta instalación, en especial por los profesores. “No nos lo quite”, decía. Ya dentro, la alcaldesa departía con varias vecinas mayores que recibían clase de gimnasia. Una de ellas le pedía precisamente otro paso sobre el tramo ferroviario similar al que acababa de visitar, aunque la mayoría realizaban observaciones positivas durante su charla. A su salida, Botella se ha acercado a unos mayores que disputaban un partido de tenis, y mientras uno de ellos le reclamaba una mejora en las instalaciones de los polideportivos municipales, otro le ‘regalaba’ a la alcaldesa piropos. “La veo más guapa que en la tele”, ha dicho. En su despedida, la alcaldesa ha recibido un último mensaje: “¿Y por qué no presidenta?”. “¡Sí, hombre!”, ha respondido Botella.

El Economista

El ministro de Hacienda asegura que las subidas fiscales aprobadas no perjudicarán a la situación económica ni mermarán el consumo.

Madrid (Europa Press).-

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que las subidas fiscales aprobadas no perjudicarán a la situación económica ni mermarán el consumo, al tiempo que ha adelantado que el Gobierno prepara bajadas fiscales para el primer trimestre del año. Así lo ha señalado Montoro durante su primera intervención en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso, donde ha dicho que las subidas fiscales, que se ha aprobaron para demostrar la firmeza del Gobierno dentro y fuera de España en la lucha contra el déficit, son “moderadas” y no deberían interrumpir “en modo alguno” la recuperación de la economía y el consumo. Montoro ha descartado la posibilidad de aprobar nuevos incrementos fiscales en el futuro puesto que el Gobierno trabaja, de cara al primer trimestre del

Cristobal Montoro,ministro de Hacieda y Administraciones Públicas

año, en otras actuaciones fiscales centradas en el apoyo a los emprendedores con bajadas impositivas, ya que el Ejecutivo ‘popular’ sigue creyendo que con menores impuestos se crece más.
En concreto, Montoro ha dicho que revisarán el IRPF para elevar la equidad fiscal del sistema en el seno de la unidad familiar revisando los mínimos personales y familiares para equiparar su cuantía y mejorarlos con independencia del régimen de tributación.
Por otro lado, el Gobierno pretende mantener durante los próximos ejercicios los tipos reducidos del Impuesto de Sociedades para empresas de pequeña dimensión que creen o mantengan empleo, así como mejorar el tratamiento fiscal de los beneficios empresariales que se reinviertan en los propios negocios e implantar una exención a las plusvalías de activos fijos que se reinviertan en otros activos.
“Autofinanciación empresarial en su sentido más amplio”, ha dicho Montoro, quien ha asegurado que en materia de IVA se regularán los requisitos necesarios para que el pago del impuesto se acerque al momento de cobro de las facturas, al tiempo que se revisará y mejorará la tributación de los planes de pensiones.
El ministro ha explicado que la subida de IRPF es “moderada” y progresiva, mientras que el incremento del IBI es “limitado”, por lo que tampoco debería evitar la recuperación de la demanda interna. Además, ha repasado los cambios fiscales en vivienda, que facilitarán el acceso a la misma, y la lucha “decidida” contra el fraude fiscal.
Con estas medidas, que se incluirán en una normativa en la que el Hacienda trabaja con otros departamentos ministeriales, el Gobierno ha puesto de manifiesto su intención de cumplir su programa electoral y sacar adelante medidas tributarias que estimulen la actividad económica favoreciendo fiscalmente a los emprendedores, que son los que sacarán a España de la crisis.
“Seguimos siendo lo que somos y creemos que con menos impuestos se crece más”, ha señalado Montoro, quien ha justificado las subidas temporales del IRPF y del IBI por la “herencia recibida” y la “negativa” situación económica que existe.
“Pero ahí acaban esas medidas”, ha añadido. Según Montoro, la economía es una “nave escorada” que necesita “cuanto antes” recuperar el equilibrio para poder avanzar, lo que exigía medidas de austeridad en todas las administraciones públicas y reformas estructurales en el sector público y en el mercado de bienes y servicios.

En este sentido, ha explicado que la “urgencia” de la situación llevó al Gobierno a tomar sus primeras medidas al inicio de la legislatura, con decisiones que dejaron clara la “determinación del Gobierno y su firme voluntad” de hacer frente a los problemas y a las condiciones adversas.
“Estamos haciendo camino al andar desde los primeros días de Gobierno”, ha dicho.
A su parecer, el Gobierno tuvo “poco tiempo” para actuar “con rapidez y contundencia” y evitar una “grave desviación” de los objetivos de déficit previstos, que podría provocar una nueva oleada de desconfianza y un “paso atrás” en la reputación internacional del país.
“No había tiempo para lamentaciones”, ha indicado el titular de Hacienda, quien afirma que el Ejecutivo decidió hacer frente “cuanto antes” a la situación para evitar “males mayores” y no retrasar el “enfoque” de la política económica del nuevo Gobierno. “Ésa fue la justificación de sacar adelante el mayor ajuste presupuestario de la historia reciente”, ha dicho.
Además, Montoro ha celebrado que todas las administraciones públicas hayan planteado un “pleno y unánime apoyo” a las medidas de austeridad del Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Comisión Nacional de Administración Local.

En este sentido, ha repasado las medidas y acuerdos alcanzados con comunidades y ayuntamientos y resaltado el valor de estos pactos porque la “senda en común” es “fundamental” para recuperar la confianza de España frente a los inversores internacionales.
A su parecer, la corrección de un déficit público cercano al 8% es el primer “escollo” y el punto de partida para hacer frente a la recesión que atraviesa España, una situación “más severa” que en otros países europeos por la restricción crediticia fruto de la incapacidad del sector bancario a la hora de digerir las consecuencias de los precios de los activos inmobiliarios.
En este contexto, una de las prioridades del Gobierno será recuperar la confianza perdida y salir de la “metafórica periferia” europea.
Según Montoro, la misión del Gobierno será cumplir el mandato que le han otorgado los ciudadanos en las urnas, colaborar con los socios europeos para fortalecer el euro y garantizar el futuro y la estabilidad del proyecto común.
La Vanguardia

Por CHRISTOPHER BJORK y PABLO DOMÍNGUEZ  – MADRID -
Dos regiones españolas con problemas de dinero están luchando contrarreloj para cerrar la venta de más de 100 inmuebles a fondos de Reino Unido y Estados Unidos por unos 900 millones de euros, en lo que es la primera gran prueba del apetito de los inversionistas por el maltrecho sector inmobiliario del país.
Estos procesos de venta por parte de los Gobiernos de Cataluña, en el noreste del país, y de Andalucía, en el sur, se enmarcan dentro de un grupo de iniciativas por parte de las regiones para reducir sus elevados déficit presupuestarios y obtener liquidez. Ambas transacciones se han visto retrasadas debido a que los compradores se han encontrado con dificultades para obtener financiación de los bancos, que aún están sufriendo el impacto de la crisis de deuda soberana de la eurozona y de unos mayores requerimientos de capital.
“Hay aún algunas cláusulas que negociar, pero estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace un mes”, dice Jacint Boixasa, director de patrimonio del Gobierno de Cataluña, que lleva negociando desde mediados de diciembre los términos de la venta de 27 inmuebles en el centro de Barcelona a las firmas de inversión Moor Park Capital Partners, de Reino Unido, y Och-Ziff Capital Management Group LLC, de Estados Unidos, por unos 500 millones de euros.
Cataluña, la región española con mayor Producto Interno Bruto, pero también una de las más endeudadas, tiene que cerrar la venta de los inmuebles, incluido el que alberga la Bolsa de Barcelona, antes de la fecha límite del 31 de enero. “Cerraremos la venta para la fecha límite o no se cerrará”, señala Boixasa. “No habrá prórrogas”.

El Gobierno de Andalucía, por su parte, ha retrasado la venta por 400 millones de euros de 76 edificios en Sevilla, Córdoba y otras ciudades de la región por tres meses hasta finales de marzo, indica Manuel Sánchez Galey, director general financiero de Andalucía. “Los mercados financieros se cerraron completamente a finales del año pasado, y no pudimos cerrar la transacción, pero ahora se han retomado las negociaciones” con el finalista, una firma de inversión británica, añade. Sánchez Galey declinó identificar al posible comprador.
Los edificios que pretende vender Andalucía incluyen sedes gubernamentales en varias ciudades, un palacete del siglo XIX en el centro de Cádiz y la emblemática torre Schindler, construida en Sevilla a la orilla del río Guadalquivir para la Exposición Universal de 1992.
Estos dos procesos suponen un raro signo de vida en un sector que se ha visto fuertemente afectado por la crisis económica.

Las ventas de oficinas en España se desplomaron en 2009, con una caída del 75% a 1.200 millones de euros, según los datos de la firma de análisis Real Capital Analytics. La actividad se ha mantenido en niveles bajos en 2010 y 2011.
Otras regiones están siguiendo de cerca estas ventas y muchas de ellas tienen las mismas necesidades de liquidez y se encuentran con dificultades para pagar a sus proveedores e incluso a sus trabajadores. Estas operaciones incluyen el compromiso de los vendedores de permanecer en los inmuebles como inquilinos durante 25 años.
“Estas dos operaciones van a servir como referencia”, señala Eusebi Carles, responsable de la consultora inmobiliaria Savills en Barcelona. “Si no se alcanza un acuerdo en Barcelona, probablemente no lo hará en ningún otro sitio”.
Regiones como Valencia y Madrid están entre las que están considerando operaciones similares, de acuerdo con agentes inmobiliarios y funcionarios del gobierno.
El gasto excesivo por parte de las regiones fue la principal causa de que el país incumpliera su objetivo de déficit público de 2011 en dos puntos porcentuales, hasta el 8% del PIB, y el Gobierno central está imponiéndoles agresivos recortes del gasto, lo que intensifica la ralentización. Se espera que el PIB de España se contraiga un 1,5% este año, dijo el lunes el Banco de España, en parte como resultado de la reducción del gasto público.

“Los gobiernos están en un claro proceso de búsqueda de liquidez, por lo que veremos más procesos de este tipo”, afirma Ángel Serrano, director general de Aguirre Newman, una consultora inmobiliaria con sede en Madrid que está asesorando al Gobierno de Cataluña, junto a Jones Lang LaSalle, en la venta de los inmuebles.
Este tipo de operaciones también podrían ofrecer al Gobierno central una opción de obtener dinero. Aguirre Newman calcula que podría captar hasta 8.400 millones de euros con la venta y posterior arrendamiento de ministerios y otros edificios del Gobierno en Madrid.

Para los potenciales compradores, este tipo de operaciones no se basan tanto en el potencial rebote del precio del inmueble, sino en las relativamente atractivas rentas que obtendrán con los alquileres, indican los agentes inmobiliarios. Los contratos estipulan que los nuevos propietarios tendrán una rentabilidad superior al 8%, según los documentos de venta.
Esas rentabilidades podrían ser muy atractivas para los inversionistas dado que los precios de los alquileres en las mejores zonas de las ciudades españolas se han desplomado desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el país hace cuatro años. En Madrid, las rentas de oficinas han bajado un 40% desde su máximo de 2007, y la ocupación no ha parado de caer, según datos de la consultora inmobiliaria DTZ. La rentabilidad de las oficinas de Madrid se encuentra en la actualidad alrededor del 5,5%, por encima del 4% de antes de la crisis, indican intermediarios del sector.
Los nuevos propietarios podrían también deshacerse de forma inmediata de los activos más atractivos para lograr beneficios rápidamente. Incluso antes de cerrarse el acuerdo de Cataluña, Moor Park y Och-Ziff han estado intentando encontrar compradores para algunos de los 27 inmuebles de Barcelona, según fuentes conocedoras de la situación.
Representantes de Moor Park no devolvieron las llamadas con las que se pretendía obtener un comentario, mientras que Och-Ziff declinó hablar del asunto.

Fuente WSJ

La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, de  impulsar medidas para que todas las Administraciones logren sacar adelante en la región un macrocomplejo de ocio, similar a  la ciudad de las Vegas, que crearía 200.000 empleos y sería “un rayo de luz en la opacidad” de la crisis no ha tardado en  despertar críticas.  Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se mostraron este martes totalmente contrarios porque implicaría “de acto” la creación de un “auténtico paraíso fiscal en el corazón de España”, ya que generaría un régimen excepcional de tributación casi nula en los tres niveles de la administración tributaria. Asimismo, aseguran que supondría la creación de una “zona franca” para no liquidar el IVA ni otros muchos impuestos y en la  que ni siquiera se seguirían las reglas del Estatuto de Trabajadores. Además, subrayaron que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la  puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro en los casinos, algo que atentaría frontalmente contra el plan  antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones.Por otra parte, la tributación que pretende aplicar el magnate del juego Sheldon Adelson a los trabajadores impatriados supondría recuperar la polémica ‘Ley Beckham’, lo que unido a las exenciones del pago de las cuotas a la Seguridad Social y otros impuestos, evitaría que el proyecto revirtiese en unos ingresos claros para las administraciones tributarias españolas.Asimismo, el colectivo denunció que el planteamiento defendido por el grupo inversor atentaría contra el principio constitucional de equidad fiscal y supondría un agravio comparativo para el resto de empresas que operan en España y que en estos momentos de crisis también necesitarían de esos incentivos para salir adelante. El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, indicó que la creación de puestos de trabajo siempre es bienvenida “aunque ello no  a cualquier precio”, ya que debe respetarse siempre el marco normativo y constitucional, incluyendo el artículo 31 relativo  a la igualdad en el sistema tributario. “No puede haber una doble vara de medir a los contribuyentes”, subrayó. A principios de noviembre de 2011, saltó a la prensa local madrileña la intención de Sheldon Adelson, el sexto hombre más  rico del mundo, de construir en la zona doce hoteles y seis casinos con la idea de convertir Las Vegas en la versión  Europea.  Según diferentes medios, este proyecto, denominado ‘Eurovegas’, necesitaría para salir adelante una modificación el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para liberar un espacio de casi seis millones de metros cuadrados, así como otra series de condicionantes de corte fiscal, lo que ha desatado las alertas antes mencionadas. En este espacio se levantarían seis casinos, 12 complejos hoteleros, una decena de teatros y tres campos de golf. La oposición en la Asamblea rechaza el proyecto Junto a Gestha, los tres grupos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid también se han mostrado hoy en contra del proyecto tal y como se encuentra planteado actualmente y con las facilidades que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha indicado que se podrían poner encima de la mesa para lograr que se ubique en la región, algo que el PP ha subrayado que “no significa barra libre”.El portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha señalado que se trata de “un proyecto” que no le gusta “nada” a su partido. “Ni el proyecto, ni la finalidad”, ha precisado. “Es un proyecto montado por una empresa norteamericana basando en el juego y con implicaciones que no nos gusta”, ha añadido. Además, ha considerado “rechazable” que se pueda “tratar de establecer excepciones legislativas en temas que van desde el
Estatuto de los Trabajadores hasta los horarios comerciales o la Ley del Tabaco”. “Se trata de etablecer la ‘República  Independiente de Juegolandia’”, ha dicho, como ha hiciera durante un pleno de la Cámara madrileña. “No es admisible”, ha reiterado. Seguidamente, se ha preguntado si es verdad que se podrían crear “hasta 220.000 puestos de trabajo”, así como “qué calidad  tendrían” y cuáles de esos puestos serían para ciudadanos españoles. “Uno puede vender la primogenitura, pero no por un  plato de lentejas. No es de recibo tal y como está planteado”, ha concluido. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, la diputada Eulalia Vaquero ha señalado que el  tema “no ha tenido cabida en el primer pleno” que tendrá lugar cuando arranque el periodo de sesiones, si bien ha añadido  que “está pendiente” y su grupo lo va a plantear próximamente. “Estamos en contra no solamente del invento en sí mismo, que ya nos provoca mucha preocupación, sino por la forma en que el  Gobierno regional piensa llevarla a cabo, saltándose todos los límites, regulaciones y normativas habidas y por haber. Es  una irresponsabilidad hacer el ofrecimiento que ha hecho”, ha dicho. “Cualquier proyecto que puede alterar el tema territorial, medioambiental, infraestructuras, etc., debería ser consensuado  de manera más rigurosa y con mucha más información. Este proyecto no puede ser aprobado por el Gobierno regional saltándose  todas las normativas sino que debe ser un proyecto con suficiente información pública de lo que se pretende con él y los  costos sociales y laborales. De entrada, así, no”, ha añadido.
En una línea similar a la de los otros dos partidos se ha pronunciado el diputado del PSOE José Quintana, para quien “no se  puede admitir este tipo de políticas” por parte del Gobierno regional y ha condenado que “se intente hacer algo así como un  paraíso fiscal rozando la esclavitud laboral”. PP: “No habrá barra libre” Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha recordado que el  proyecto puede generar 200.000 puestos de trabajo directos y que “todo lo que sea inversión, sobre todo extranjera, es algo  muy positivo” que otras regiones españolas “estarían deseando” poder albergar en sus territorios.
Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que, si estos puestos de trabajo fueran destinados mayoritariamente a  ciudadanos madrileños, se podría reducir significativamente la actual tasa de desempleo. No obstante, respecto a las facilidades que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, está dispuesta a poner para  que se desarrolle este proyecto en la región, el portavoz del PP ha dicho que “no significa barra libre” y que “una cosa es  que se ayude y se flexibilicen ciertas cuestiones y otra es que se pase por encima de los principios del PP”. “Las  facilidades, ayudas e incluso la entrega de suelo está a la orden del día en estos temas”, ha añadido. .

El Confidencial

Sara M. Calahorran

El 9 de noviembre de 2011 se publicó en el BOE el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. ¿Cómo afecta este nuevo reglamento a la valoración del suelo? ¿Y al mercado inmobiliario?
“El Reglamento tiene por objeto el desarrollo de las finalidades de valoración del suelo incluidas en la Ley. Se limita al ámbito administrativo y es aplicable para la valoración de suelos a efectos de expropiación, sustituciones forzosas y otros procedimientos administrativos y urbanísticos”, explica José Antonio López Torralba, presidente de la Comisión Técnica y Estadística de ATASA. “Por primera vez, el texto incorpora metodologías concretas para cada situación y fórmulas matemáticas para cada caso”, añade. Aun así, asegura que resulta “profuso y de compleja aplicación en algunos puntos”.
Por su parte, Leandro Escobar Torres, director gerente de ATASA, indica que “la intención del Reglamento es mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, haciendolo más transparente y más eficiente”. Los terrenos, añade, “deben valorarse teniendo en cuenta la situación básica en la que se encuentre el suelo, urbanizado o rural”.
La Ley establece tres casos en los que el suelo se considera en situación de rural: “el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación, el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean su paso a urbanizado y cualquier otro suelo que no reúna los requisitos del suelo en situación de urbanizado”, apunta Escobar.
Y, para la valoración del suelo rural, añade López, “se abandona, siguiendo la ley, el método de comparación, ya que muy pocas veces es aplicable, además de para eliminar elementos especulativos en la valoración de estos suelos”. Pero, “ello no implica que no se tengan en cuenta factores que, sin considerar las expectativas urbanísticas, influyen en el valor de este suelo”, explica. “Se trata del factor de localización, cuya necesaria pormenorización en cuanto a renta de posición y como factor relevante en la formación tradicional del precio de la tierra, se contiene en este Reglamento”, asegura.
El suelo urbanizado, según la Ley, “es el que está integrado de forma legal y efectiva en la red de servicios propios de los núcleos de población. Se entiende que es así cuando las parcelas, edificadas o no, cuentan con las dotaciones requeridas por la legislación urbanística en funcionamiento”, apunta Escobar. A este respecto, añade, “la legislación urbanística puede considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural”. Para la valoración del suelo urbanizado, explica López, “se establecen métodos que dan lugar a valores equivalentes a los de mercado”.
Estas reglas de valoración se aplican, según la ley, “a los expedientes iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley del 30 de junio de 2007″, indica Escobar. Sin embargo, aclara que “la ley establecía un periodo de aplicación transitoria del régimen de valoración anterior para los terrenos que, en su entrada en vigor, formaran parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados cuyas condiciones de desarrollo estuvieran establecidas en el planeamiento y para los que no hubieran vencido los plazos de ejecución del planeamiento, salvo vencimiento imputable a la Administración o a terceros”.
El plazo de duración de este periodo, inicialmente de tres años, se ha ampliado en dos ocasiones que han trasladado su vencimiento al 30 de junio de 2012. De esta forma, afirma López, “hasta esa fecha, si no se han establecido los plazos para la ejecución del planteamiento, el suelo se valorará conforme a las reglas establecidas en la anterior ley, que estable que el valor del mismo se calcula partiendo de los criterios castrales. Excepto si los valores hubieran perdido vigencia, que se calcula por el método residual dinámico, que da como resultado un valor técnico: la base del valor de mercado”.
No obstante, añade López, “en la aplicación de la Ley del Suelo y su Reglamento se aprecian posibles efectos indirectos e incertidumbres en la valoración de terrenos”. Y es que, “el valor de mercado de un terreno se puede ver afectado por la expropiación a un precio basado en criterios distintos, que conllevan, habitualmente, un valor muy inferior al de mercado”, afirma.
Dichas incertidumbres se minimizan “con la aplicación del principio de prudencia, según el cual, ante varios escenarios posibles, se elegirá el que de como resultado un menor valor de tasación”, explica López. Un principio que, según Escobar, “es relevante en la valoración de activos de inmuebles para finalidades financieras, ya que son los bienes con mayor peso en los balances de situación de las empresas”. Además, “el tipo de inmueble por naturaleza, que es el suelo, tiene una importante repercusión en el valor de los inmuebles”, añade. Y es que, “la correcta valoración inmobiliaria, en particular de los terrenos, es fundamental para una representación fiel del patrimonio de las empresas. Más aún en el caso de las entidades que intermedian en los mercados financieros, por la importancia sistémica que éstas tienen en la economía”, sentencia.
Con todo, en el ámbito de la valoración, “España está a la vanguardia de los países de su entorno”, asegura López. “Mantiene un liderazgo que alcanza más de una década y que es consecuencia directa del rigor y la calidad del sistema español de sociedades de valoración reguladas, homologadas y supervisadas, que siguen unas normas técnicas de valoración en línea con los estándares internacionales y con un alto grado de desarrollo y concreción”, explica.
Por último, en cuanto a la situación actual de los mercados de vivienda y suelo en España, “los estudios más solventes indican que hay aproximadamente 700.000 viviendas sin vender en el mercado primario. Cantidad que se llega a multiplicar por tres si se considera el número total de viviendas vacías”, asegura López. Sin embargo, “son 1,5 millones el número de viviendas ofertadas”, añade.
Anualmente, se producen cerca de 400.000 transacciones de viviendas y casi 100.000 de viviendas nuevas construidas. Estas cifras, apunta López, “denotan que existe sobreoferta y que hacen falta cinco años a este ritmo para poder absorberla”. Respecto a la demanda, “se debe diferenciar entre la demanda solvente, difícil de cuantificar, y la demanda latente, que hace de motor del mercado, pero que actualmente es muy baja”, explica. Los motivos, muchos: la accesibilidad al crédito hipotecario está limitada, la situación económica de los hogares en mínimos, los inversores no ven el mercado inmobiliario atractivo, los turistas ya no compran segundas residencias en España… En el mejor de los casos, indica López, “existe demanda pero no es solvente, no es capaz de absorber en un plazo razonable la oferta existente”.
Y, lógicamente, el mercado de la vivienda se refleja con aumento en los mercados de suelo. “Difícilmente se realizarán transacciones o gestiones de suelo apreciables mientras no se absorba el excedente de viviendas”, sentencia. En definitiva, López asegura que “el escenario es muy complicado y sólo una mejora de los factores macroeconómicos permitirá empezar a ver luz”.

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