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No sólo son las cajas. También los bancos españoles se muestran críticos con la fórmula puesta en marcha por el ministro de Economía para reestructurar definitivamente el sector financiero En opinión de la mayor parte de los responsables de las entidades bancarias, no tiene sentido ponerse como objetivo una cifra de nuevas exigencias de capital para cubrir los activos inmobiliarios. Consideran que a la vista de la evolución de la economía y del consiguiente crecimiento de la morosidad, tal cifra resultará insuficiente en poco tiempo y será necesario volver a aumentar las exigencias. Con ello no se conseguiría el objetivo fundamental que persigue la reforma de Luis de Guindos: lograr que el sector financiero español se gane la confianza de los mercados exteriores, de tal forma que ello facilite nuestra financiación.

Es cierto que en las últimas semanas, analistas nacionales e internacionales han afirmado que las exigencias de la reforma financiera son sensiblemente menores a los 50.000 millones de euros anunciados, teniendo en cuenta que de ellos habría que restar las reservas, provisiones genéricas y el exceso de capital, fundamentalmente de los más grandes. Esto, y los riesgos que se irán acumulando con el paso del tiempo, les llevaba a concluir que en un periodo de seis a doce meses Economía se vería obligado a pedir nuevas exigencias de capital.

Tras añadir, con cierta maldad teniendo en cuenta la procedencia del ministro de Economía,  que “esta fórmula proviene de la banca de inversiones”, un banquero señala que el Banco de España y el ministerio de Economía tienen suficientes medios para lograr en poco tiempo su objetivo de reducir el número de jugadores en el sector y lograr unas entidades más fuertes y más solventes. Considera que la reforma financiera, tal y como se ha propuesto, puede llevar a una larga discusión sobre las partidas que deben tenerse o no tenerse en cuenta para cumplir las nuevas exigencias de capital. Detrás de estas críticas de los bancos se encuentra, sin duda, el temor a nuevas exigencias futuras de capital que, en opinión de las grandes entidades, sólo hacen impedir que el crédito pueda fluir a empresas y particulares, y que en su opinión supone una exigencia injusta para aquellas sociedades que tienen bien provisionados sus riesgos.

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