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Archivo de la categoría ‘Promociones-Obra Nueva’

Mientras en España las peticiones caen un 13%, en esta región suben un 28,6%
‘La región madrileña afronta mejor y más deprisa la recuperación del sector’

La Comunidad de Madrid sigue siendo la locomotora española en el sector de la construcción. Mientras a nivel nacional la inversión en ‘ladrillo’ continúa a la baja, en la región madrileña dibuja un mejor horizonte. Mientras el número de visados para vivienda nueva en España retrocede un 13,2%, en la Comunidad de Madrid se incrementa un 28,6%. Datos que ha publicado el Gobierno regional en un comunicado.
De este modo, durante los 11 primeros nueve meses de 2011, sólo en la comunidad se visaron un total de 16.526 viviendas de las 72.590 que se tramitaron en el conjunto del país. Es decir, el 25,5% del total de visados se registraron en la comunidad de Esperanza Aguirre. En el acumulado enero-noviembre, este porcentaje representa el 22,7%. En cuanto a tasas intermensuales, noviembre respecto a octubre, se repite la misma tónica. A nivel nacional, el hundimiento de estos permisos de obra fue del 40% (de 7.670 viviendas a 4.597), mientras que en territorio madrileño el incremento fue del 29% (1.173 viviendas frente a 909). “Este dato confirma que la Comunidad de Madrid afronta mejor y más deprisa la recuperación del sector, y del conjunto de su economía, gracias a las medidas adoptadas por Gobierno de Esperanza Aguirre”, se puede leer en el comunicado oficial. “Unos datos positivos que se suman a los de viviendas protegidas iniciadas y terminadas, hipotecas constituidas y compraventas de viviendas”, finaliza la nota.
ELMUNDO.es | Madrid

Sara M. Calahorran

El 9 de noviembre de 2011 se publicó en el BOE el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. ¿Cómo afecta este nuevo reglamento a la valoración del suelo? ¿Y al mercado inmobiliario?
“El Reglamento tiene por objeto el desarrollo de las finalidades de valoración del suelo incluidas en la Ley. Se limita al ámbito administrativo y es aplicable para la valoración de suelos a efectos de expropiación, sustituciones forzosas y otros procedimientos administrativos y urbanísticos”, explica José Antonio López Torralba, presidente de la Comisión Técnica y Estadística de ATASA. “Por primera vez, el texto incorpora metodologías concretas para cada situación y fórmulas matemáticas para cada caso”, añade. Aun así, asegura que resulta “profuso y de compleja aplicación en algunos puntos”.
Por su parte, Leandro Escobar Torres, director gerente de ATASA, indica que “la intención del Reglamento es mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, haciendolo más transparente y más eficiente”. Los terrenos, añade, “deben valorarse teniendo en cuenta la situación básica en la que se encuentre el suelo, urbanizado o rural”.
La Ley establece tres casos en los que el suelo se considera en situación de rural: “el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación, el suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean su paso a urbanizado y cualquier otro suelo que no reúna los requisitos del suelo en situación de urbanizado”, apunta Escobar.
Y, para la valoración del suelo rural, añade López, “se abandona, siguiendo la ley, el método de comparación, ya que muy pocas veces es aplicable, además de para eliminar elementos especulativos en la valoración de estos suelos”. Pero, “ello no implica que no se tengan en cuenta factores que, sin considerar las expectativas urbanísticas, influyen en el valor de este suelo”, explica. “Se trata del factor de localización, cuya necesaria pormenorización en cuanto a renta de posición y como factor relevante en la formación tradicional del precio de la tierra, se contiene en este Reglamento”, asegura.
El suelo urbanizado, según la Ley, “es el que está integrado de forma legal y efectiva en la red de servicios propios de los núcleos de población. Se entiende que es así cuando las parcelas, edificadas o no, cuentan con las dotaciones requeridas por la legislación urbanística en funcionamiento”, apunta Escobar. A este respecto, añade, “la legislación urbanística puede considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural”. Para la valoración del suelo urbanizado, explica López, “se establecen métodos que dan lugar a valores equivalentes a los de mercado”.
Estas reglas de valoración se aplican, según la ley, “a los expedientes iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley del 30 de junio de 2007″, indica Escobar. Sin embargo, aclara que “la ley establecía un periodo de aplicación transitoria del régimen de valoración anterior para los terrenos que, en su entrada en vigor, formaran parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados cuyas condiciones de desarrollo estuvieran establecidas en el planeamiento y para los que no hubieran vencido los plazos de ejecución del planeamiento, salvo vencimiento imputable a la Administración o a terceros”.
El plazo de duración de este periodo, inicialmente de tres años, se ha ampliado en dos ocasiones que han trasladado su vencimiento al 30 de junio de 2012. De esta forma, afirma López, “hasta esa fecha, si no se han establecido los plazos para la ejecución del planteamiento, el suelo se valorará conforme a las reglas establecidas en la anterior ley, que estable que el valor del mismo se calcula partiendo de los criterios castrales. Excepto si los valores hubieran perdido vigencia, que se calcula por el método residual dinámico, que da como resultado un valor técnico: la base del valor de mercado”.
No obstante, añade López, “en la aplicación de la Ley del Suelo y su Reglamento se aprecian posibles efectos indirectos e incertidumbres en la valoración de terrenos”. Y es que, “el valor de mercado de un terreno se puede ver afectado por la expropiación a un precio basado en criterios distintos, que conllevan, habitualmente, un valor muy inferior al de mercado”, afirma.
Dichas incertidumbres se minimizan “con la aplicación del principio de prudencia, según el cual, ante varios escenarios posibles, se elegirá el que de como resultado un menor valor de tasación”, explica López. Un principio que, según Escobar, “es relevante en la valoración de activos de inmuebles para finalidades financieras, ya que son los bienes con mayor peso en los balances de situación de las empresas”. Además, “el tipo de inmueble por naturaleza, que es el suelo, tiene una importante repercusión en el valor de los inmuebles”, añade. Y es que, “la correcta valoración inmobiliaria, en particular de los terrenos, es fundamental para una representación fiel del patrimonio de las empresas. Más aún en el caso de las entidades que intermedian en los mercados financieros, por la importancia sistémica que éstas tienen en la economía”, sentencia.
Con todo, en el ámbito de la valoración, “España está a la vanguardia de los países de su entorno”, asegura López. “Mantiene un liderazgo que alcanza más de una década y que es consecuencia directa del rigor y la calidad del sistema español de sociedades de valoración reguladas, homologadas y supervisadas, que siguen unas normas técnicas de valoración en línea con los estándares internacionales y con un alto grado de desarrollo y concreción”, explica.
Por último, en cuanto a la situación actual de los mercados de vivienda y suelo en España, “los estudios más solventes indican que hay aproximadamente 700.000 viviendas sin vender en el mercado primario. Cantidad que se llega a multiplicar por tres si se considera el número total de viviendas vacías”, asegura López. Sin embargo, “son 1,5 millones el número de viviendas ofertadas”, añade.
Anualmente, se producen cerca de 400.000 transacciones de viviendas y casi 100.000 de viviendas nuevas construidas. Estas cifras, apunta López, “denotan que existe sobreoferta y que hacen falta cinco años a este ritmo para poder absorberla”. Respecto a la demanda, “se debe diferenciar entre la demanda solvente, difícil de cuantificar, y la demanda latente, que hace de motor del mercado, pero que actualmente es muy baja”, explica. Los motivos, muchos: la accesibilidad al crédito hipotecario está limitada, la situación económica de los hogares en mínimos, los inversores no ven el mercado inmobiliario atractivo, los turistas ya no compran segundas residencias en España… En el mejor de los casos, indica López, “existe demanda pero no es solvente, no es capaz de absorber en un plazo razonable la oferta existente”.
Y, lógicamente, el mercado de la vivienda se refleja con aumento en los mercados de suelo. “Difícilmente se realizarán transacciones o gestiones de suelo apreciables mientras no se absorba el excedente de viviendas”, sentencia. En definitiva, López asegura que “el escenario es muy complicado y sólo una mejora de los factores macroeconómicos permitirá empezar a ver luz”.

expansion.com

Europa Press | Madrid

Acredita que sus actividades son respetuosas con el medioambiente.

• Éste abarca la gestión del diseño y de la construcción de las actividades
• Obtenido gracias a actuaciones como el Parque Forestal de 500 hectáreas.

La Junta de Compensación de Parque de Valdebebas ha superado “holgadamente” la auditoría que le permite mantener la  certificación de

Urbanización del nuevo barrio de Valdebebas. | ELMUNDO.es

gestión medioambiental conforme al Reglamento Europeo EMAS III, ha informado en un comunicado. De esta forma, se mantiene inscrita en el registro de organizaciones adheridas al sistema comunitario de Gestión y  Auditoría Medioambientales (EMAS) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid,  que acredita que sus actividades se realizan de manera respetuosa con el medio ambiente. La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha sido el organismo encargado de certificar la eficacia  del sistema de gestión ambiental implantado en las oficinas y en las obras de urbanización. Dicho certificado abarca toda  la gestión del diseño y de la construcción de las actividades desarrolladas tanto en sus oficinas centrales como en las  obras de urbanización desarrolladas en el ámbito urbanístico. Con dicho certificado, la Junta vuelve a reforzar su máxima de la mejora continua, y vuelve a ir por delante de lo que la  normativa exige a un desarrollo urbanístico en cuanto a la prevención de los impactos ambientales producidos por sus  actividades.

Valdebebas es un ámbito urbanístico de casi 11 millones de m², situado en el noreste de la capital -entre La Moraleja, el  IFEMA, Sanchinarro y la T4 de Barajas-, que cuenta en su interior con grandes actuaciones, como el gran Parque Forestal de  Valdebebas de 500 hectáreas, el futuro Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, la ampliación de los recintos  feriales de Ifema y la Ciudad Real Madrid.

Adicionalmente se van a desarrollar 1,2 millones de m² destinados a oficinas y hoteles y más de 12.000 viviendas, 5.000 de  las cuales contarán con algún tipo de protección pública.

elmundo.es

Percival Manglano, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, ha indicado que el Gobierno regional está en conversaciones con un inversor estadounidense para construir el Campus de la Justicia, diseñado para reunir las 23 sedes judiciales dispersas por la ciudad en una única parcela situada en Valdebebas, junto a la ciudad deportiva del Real Madrid.
“Sí que estamos en conversaciones pero la negociación tiene sus dificultades, hay que cerrar los detalles y no hay más novedades”, ha señalado Manglano que ha reconocido que tal y como se diseñó el proyecto del campus “no podemos llevarlo a cabo y estamos buscando alternativas para hacerlo más modesto con una inversión menor y un socio”.
Manglano confirma que la Comunidad de Madrid negocia con el fondo de inversión de capital The Carlyle Group para recuperar la construcción de la ciudad judicial paralizada desde finales de 2009 y en la que el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 100 millones de euros, según dijo el exconsejero de Justicia, Francisco Granados, en junio de 2010 aunque los socialistas elevaron entonces la cifra hasta los 300 millones de euros.
El consejero de Economía ha matizado que las condiciones del acuerdo no pasan necesariamente por la de sacar a concurso la construcción y explotación de las instalaciones sino que jurídicamente hay “muchas posibilidades” como que el Gobierno regional alquile los edificios o los devuelva pasados un periodo de tiempo.
Alfredo Prada se comprometió en diciembre de 2004 a que el campus de la Justicia estaría terminado en 2007, y sin coste algunos para los ciudadanos. Hasta ahora solo se ha construido el 90 por ciento del primer edificio, el del futuro Instituto de Medicina Legal, IML, que lleva vacío unos dos años ante la falta de presupuesto para concluirlo.

Real Estate Press

El precio del suelo urbano cae y marca mínimos desde que empezó la crisis

El precio del suelo urbano se situó en el tercer trimestre de 2011 en 169,6 euros por metro cuadrado, el 11,1 % menos que un año antes, lo que supone la menor cifra registrada desde que empezó la crisis, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Fomento. Después de crecer en los dos primeros trimestres del año (el 3,7 % y del 1,5 %, respectivamente), el precio del suelo ha roto la tendencia con una nueva caída entre julio y septiembre y vuelve a la tónica registrada desde mediados de 2007. El precio del suelo al final del tercer trimestre contrasta con el máximo de 284,6 euros por metro cuadrado que valía al cierre de 2006, momento a partir del cual entró en una senda descendente, aunque no comenzó a registrar descensos interanuales hasta finales de 2007. Respecto al trimestre anterior, cuando se alcanzaron los 213,9 euros por metro cuadrado, el precio del suelo urbano disminuyó el 20,7 %. En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio subió en tasa interanual un 26 %, tras situarse en 307,7 euros por metro cuadrado. Los precios más elevados se registraron en los municipios de más de 50.000 habitantes de las provincias de Madrid (499,4 euros/m2), Cáceres (474,6 euros/m2) y Guipúzcoa (458,9 euros/m2). Por el contrario, los precios medios más bajos dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes se dieron en las provincias de Álava (93,8 euros/m2), Lleida (158 euros/m2) y Valencia (167,4 euros/m2). En el tercer trimestre del año se realizaron 3.546 transacciones de suelo urbano, lo que supone un descenso del 17,1 % respecto al mismo periodo de 2010 y la menor cifra de toda la serie histórica del Ministerio de Fomento, que comenzó en 2004. Además, representa casi una séptima parte de las 23.556 operaciones realizadas en el cuarto trimestre de 2004, cuando se alcanzó el máximo de la serie histórica. En los municipios menores de 1.000 habitantes se realizaron 440 transacciones (26,2 % menos que en el mismo trimestre del año anterior), mientras que en los de entre 1.000 y 5.000 habitantes, se vendieron 845 terrenos (37,7 % menos). En los municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, el número de transacciones fue de 534 (20,7 % menos); en los de entre 10.000 y 50.000 habitantes, las operaciones ascendieron a 1.075 (10,8 % más), y en los de más de 50.000 habitantes, el número de solares vendidos fue de 652 (4,7 % menos).En total, la superficie vendida en el tercer trimestre del año alcanzó los 5,1 millones de metros cuadrados, por un valor de 683,4 millones de euros, datos que representan un descenso interanual del 5,7 % y un 17,9 %, respectivamente. EFE.

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