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El presidente del BBVA, Francisco González, ha pronosticado que con la nueva norma del Ejecutivo, que situará el precio de los inmuebles más cerca de su valor de mercado, se animarán la venta de viviendas durante este ejercicio.
En la presentación de resultados anuales, cuyo beneficio ha descendido un 35 por ciento respecto al del año anterior, González ha manifestado que “claramente” se van a producir “muchas operaciones” de adquisición a lo largo de 2012.
La exposición del banco a los promotores inmobiliarios se redujo en 2.450 millones de euros en 2011, según se informó. Según González van a a empezar a salir muchas casas y pisos de los balances de la banca, y eso se traduce en transacciones e ingresos para el Estado”, ha aseverado el presidente de BBVA. Recientemente, además, el Servicio de Estudios del banco ha pronosticado nuevos ajustes del precvio de la vivienda en los próximos trimestres. González ha reconocido que estas ventas “aliviarán” la presión para los balances de la banca. “Ése es el círculo virtuoso al que hay que volver y la medida del Gobierno de volver a valorar los activos es importante e inteligente”, ha finalizado el presidente del banco.
El Parlamento europeo prepara una directiva para unificar la normativa sobre préstamos hipotecarios
Un informe del regulador bancario británico reconocía que la mitad de las hipotecas concedidas en 2007 y 2008 no habían verificado los
ingresos del solicitante. Para acabar con estos excesos, armonizar el mercado hipotecario europeo y dotar de mayor seguridad al consumidor, el Parlamento Europeo prepara una directiva que debe estar aprobada este año. Los grupos parlamentarios negocian un texto que aún debe pasar por la Comisión y el Consejo.
“La dación en pago forzosa agravaría los problemas”
Antolín Sánchez Presedo (Betanzos, A Coruña, 1955) es ponente de la directiva hipotecaria en el Parlamento Europeo. Desde su despacho en Bruselas, defiende un giro al texto legal frente a las presiones de los parlamentarios conservadores.
Pregunta. ¿Qué novedades trae la directiva y cuándo estará lista?
Respuesta. Tiene tres objetivos: mejorar la integración de los mercados europeos, de la protección al consumidor y la inclusión financiera. A partir del primer trimestre del año empezará la negociación con el Consejo, aunque la presidencia danesa no lo ha incluido. Como pronto estará aprobada a mediados de año y como tarde a finales.
P. El borrador ha recibido críticas por su inconcreción. ¿Qué efectos prácticos tendrá sobre los ciudadanos españoles?
R. Se notará más en el futuro. La nueva norma ofrecerá soluciones para abordar crisis: un mercado flexible, que no imponga condiciones excesivas, que contemple la dación en pago cuando las partes están de acuerdo…
P. Precisamente la dación en pago se ha convertido en la reivindicación principal de organizaciones sociales españolas, que la proponen en todos los casos y no solo cuando banco y cliente estén de acuerdo.
R. Yo quiero que se obligue a los Estados a regularla, pero siempre como acuerdo voluntario entre banco y cliente. Debe ser una opción, no una obligación. En un momento como este, de iliquidez de las entidades financieras, promover más iliquidez podría agravar la situación. Queremos un mercado más eficiente y competitivo sin plantear problemas de estabilidad financiera.
P. ¿Por qué queda fuera la legislación de sobreendeudamiento familiar, muy necesaria en España?
R. He dirigido dos cartas al comisario [de Comercio Interior] Barnier en ese sentido. Pedimos a la Comisión que profundice en tres áreas: si debe existir un límite al crédito ligado a la evolución del crecimiento; si se debe separar la banca de depósitos de la de inversión; y el tratamiento de las instituciones altamente endeudadas y del sobreendeudamiento familiar. Hay políticas muy activas en Estados miembros que merecen un estudio profundo.
P. Una de las principales novedades del texto es el tiempo de reflexión obligatorio para los consumidores. ¿Cómo se regulará?
R. La hipoteca es la decisión financiera más importante en la vida de una persona y debe ser meditada y con pleno conocimiento. Proponemos una mejor educación financiera, asesoramiento independiente y un periodo de 14 días de enfriamiento para la reflexión. Esto último se está estudiando, porque no queremos perjudicar al consumidor. Nos planteamos la posibilidad del desistimiento: un periodo para comparar, conocer mejor el producto recibir asesoría.
P. ¿Cómo se garantizará la independencia de las tasadoras?
R. Propongo una tasación profesional independiente. Es una garantía para que los inversores reactiven el mercado y expandirlo. El mercado hipotecario tiene una gran capacidad de crecimiento y puede ser una locomotora en los próximos años. “Si Europa no interviene, ¿para qué nos sirve?” Ada Colau (Barcelona, 1974) viajó a Bruselas para recordar a los eurodiputados el drama de los cientos de miles de familias españolas que pierden su casa por no poder pagarla.
Pregunta. ¿Qué conclusión saca del seminario del Europarlamento sobre la nueva directiva hipotecaria?
Respuesta. Es decepcionante. Muchos afectados llevan tiempo diciendo que lo que pasa en España es tan grave que habría que llevarlo a Europa. Pero por lo que hemos visto, la nueva directiva está más preocupada por alcanzar acuerdos de mínimos y devolver estabilidad y confianza al sistema hipotecario. Es evidente que priman los derechos de las entidades financieras sobre los de los ciudadanos.
P. ¿En qué puede ayudar Europa a los hipotecados españoles?
R. Los ponentes han coincidido en que España es el caso más grave de la UE. Pero dicen que Europa no puede intervenir, que se tiene que resolver en el ámbito español. Si Europa no interviene, ¿para qué sirve?
P. ¿Qué echa de menos?
R. La directiva aborda asuntos como la solvencia de los deudores, con lo que estamos de acuerdo. Pero se olvida del tema central: que el acceso a la vivienda a través del sobreendeudamiento ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas.
Querríamos que se pusieran las condiciones para que eso no volviera a ocurrir; que se limitara a un 30% de la renta la cantidad máxima que se destina a la hipoteca; que se limitara el plazo máximo de devolución… Con estas medidas se
regularían los precios de la vivienda. Pero el seminario no ha tratado ni estos temas ni la dación en pago.
P. ¿Cómo va la Iniciativa Legislativa Popular para impulsar la dación en pago?
R. Hace tres años nuestras tres reivindicaciones —dación en pago retroactiva, moratoria de desahucios y conversión de hipotecas en alquiler social— eran un grito en el desierto, pero ahora se han convertido en un clamor popular. Pese a que la mesa del Congreso de los Diputados lo ha dilatado, en septiembre lo aprobaron y en febrero o marzo empezaremos a recoger firmas. Necesitamos 500.000 en nueve meses, pero sabemos que podemos recoger muchísimas más. Depende de nuestra capacidad de organización. Vamos a imprimir tres millones de firmas, pero si se terminan imprimiremos muchas más.
P. La directiva trata de mejorar la solvencia de los deudores. ¿Por qué no están de acuerdo?
R. Como criterio de solvencia, mencionan el que haya perspectivas razonables de que la situación económica va a mejorar próximamente. Pero es que la mayor parte de la gente que hoy no puede pagar la hipoteca se ganaba bien la vida cuando la firmó. Si vamos hacia una mayor precarización del mercado laboral, con más de la mitad de la gente ganando menos de 1.000 euros, ¿dónde se va a encontrar esa solvencia? Hablan de informar al consumidor, pero lo que hace falta es evitar que se
produzcan abusos. Se supone que en los contratos actuales se había informado al que los firmo. Había notarios. Formalmente era así, pero todos sabemos que es mentira.
El País Economía
Luzmelia Torres
Si Rajoy no prorroga una normativa del anterior Gobierno muchas empresas entrarán en concurso. El Real Decreto Ley permitía no computar las pérdidas del ladrillo.
El sector inmobiliario se enfrenta a un año muy duro. Por un lado, la actividad está parada, y por otro, no hay crédito. El gran problema que vive el ladrillo en estos momentos es el stock de viviendas terminadas sin vender que lastra las cuentas de la banca. La semana pasada, el ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntaba que los bancos tenían que dejar de hacer de inmobiliarias y volver a dar créditos. Una de las propuestas del Gobierno es vender pisos más baratos para dar salida a todo ese stock, la mayoría en manos de la Banca.
Pero el problema no está sólo en los pisos. A raíz de la crisis, los activos en manos de las inmobiliarias han sufrido una indiscutible pérdida de valor reflejada en las tasaciones realizadas para los procesos de refinanciación de las promotoras con su Banca acreedora.
Por este motivo, muchas inmobiliarias habrían ido a liquidación si el Gobierno de Zapatero no hubiera ampliado por dos años más el Real Decreto Ley 10/2008. De esta forma, el cómputo de pérdidas de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en los casos de reducción de capital social y de disolución se prorrogó durante dos años, hasta el 31 de diciembre de 2011. Con esta ampliación se buscaba evitar que las compañías pudieran entrar en liquidación por imputar pérdidas inmobiliaria en el ejercicio correspondiente.
Tal y como recoge la Ley de Sociedades, el Real Decreto Ley 10/ 2008, “las sociedades que, por haber sufrido pérdidas por deterioro derivadas del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias o de las existencias, tengan un patrimonio neto inferior a los dos tercios del capital social (en el caso de las sociedades anónimas) o inferior a la mitad del capital social (tanto en anónimas como en limitadas), no quedarán sujetas a la obligación legal de reducción de capital si el patrimonio no se recupera en un ejercicio, en el primer caso, ni se encontrarán en causa de disolución por pérdidas, en el segundo”. Pero la situación actual es que la ampliación de esta normativa que permitía no computar las pérdidas inmobiliarias terminó el 31 de diciembre de 2011, y si Rajoy no la prorroga, muchas inmobiliarias podrían tener en su informe anual del ejercicio de 2011 una salvedad en su auditoría advirtiendo que la compañía se encuentra en causa de disolución porque su patrimonio es negativo.“Se adoptó esta medida para evitar la quiebra de las empresas y no engrosar aún más la lista del paro. Hoy en día, si el nuevo Gobierno no amplía esta normativa, el 95% de las empresas entrarán en liquidación, porque si el auditor pone esa salvedad, el acreedor tiene una herramienta perfecta de chantaje para mandar a esa compañía a concurso de acreedores. Para el ejercicio 2011, como seguía vigente este Real Decreto, no afectará a la cuenta de resultados, pero el informe del auditor es el que hará daño”, afirma Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora Irea.
Flecos pendientes
Hasta la fecha, el Gobierno de Mariano Rajoy no se ha pronunciado al respecto, pero muchas inmobiliarias andan haciendo números. Entre las sociedades que se han acogido a esta excepción legal figura Martinsa Fadesa, inmobiliaria que en julio de 2008 protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española y del que salió en marzo del 2011. Todas las promotoras se han visto beneficiadas de esta medida, como Reyal Urbis y Nozar, que han protagonizado sendos procesos de financiación con la Banca acreedora, entre otras, pero ahora sólo se salvarán las que recientemente hayan hecho una ampliación de capital, como Metrovacesa, que ha reforzado sus fondos propios.
Mantiene la senda bajista
De esta forma, el indicador hipotecario comienza el mes con la misma tendencia bajista con la que cerró enero y que le ha valido para marcar un nivel medio del 1,837% el pasado mes.
Con la nueva bajada de hoy, la media mensual del euríbor se quedaría en el 1,745%, solo 0,31 puntos por encima de la de febrero de 2011, lo que supondría un aumento de 1,79 euros mensuales para las hipotecas medias de 120.000 euros a 20 años a las que les toque revisión en febrero, y un incremento anual de 21,48 euros. El euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, ha comenzado el mes de febrero cayendo nueve milésimas en tasa diaria, hasta el 1,745%.
El G-14 presentará un documento de medidas al Gobierno – Europa Press | ELMUNDO.es
- Apuntan que con ello se contribuiría a reducir el ‘stock’ de pisos sin vender
- Advierten de que recuperación del ‘ladrillo’ es clave para la economía
- Abogan por que el gremio aborde su propia reestructuración con fusiones
El G-14, el grupo de las grandes inmobiliarias, solicitará al Gobierno extender a la compraventa de viviendas de segunda residencia la desgravación en el IRPF. Este colectivo cree que con ello se contribuiría a reducir el ‘stock’ de pisos sin vender. Se trata de una de las propuestas incluidas en el documento que el G-14 ha elaborado y prevé presentar al Gobierno, según informaron a Europa Press en fuentes del sector. El grupo ha solicitado reuniones con el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; con el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y con la titular de Fomento, Ana Pastor. Dicho documento también recoge la petición de ampliar el IVA ‘superreducido’ del 4% a la adquisición de segunda residencia. Una realidad que ya está en vigor y que el G-14 habría pasado por alto. Como reveló SU VIVIENDA, la intención de Gobierno ‘popular’ de limitar este IVA del 4% a la compra de casa habitual no pudo fraguarse ya que la normativa europea en este apartado no permite la discriminación según el tipo de inmueble, como reconoció el Ministerio de Hacienda. En su documento, las inmobiliarias parten de su convicción de que la recuperación del sector inmobiliario es clave para que el sector financiero supere su crisis y cierre con éxito la segunda fase de su reestructuración. Por ello, ofrecen establecer un canal de colaboración con las entidades financieras, que actualmente cuentan con importantes carteras de activos inmobiliarios, para abordar conjuntamente los temas del sector.
De igual forma, en el documento, el G-14 apunta la necesidad de que el sector inmobiliario también aborde su propia reestructuración, mediante un proceso de fusiones de empresas, para consolidar un sector “muy atomizado”. Entre sus propuestas, y por lo que a materia fiscal se refiere, las empresas del grupo solicitan también una reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Además, demandan que el Ejecutivo prorrogue dos años más (para los ejercicios 2012 y 2013) la medida que aprobó hace tres años para permitir que una empresa no entre en causa de disolución pese a presentar recursos propios negativos. El G-14 ha elaborado este documento tras la reestructuración interna que abordó a finales de 2011 y que supuso la recuperación de la figura del presidente, cargo que ocupa Fernando Rodríguez-Avial. Este presidente cuenta con Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Equipo Económico, despacho del ex secretario de Estado Ricardo Martínez Rico, como asesores técnicos permanentes. Con todo, las firmas del grupo buscan una recuperación a la crisis que el sector afronta desde 2008 y que llevó a este negocio a cerrar 2011 en mínimos históricos tanto de construcción como de compraventa de pisos. El G-14, Grupo de Inmobiliarias por la Excelencia, se constituyó en octubre de 2007 para fomentar “acuerdos y medidas en la defensa de su actividad”. En la actualidad, está integrado por Martinsa Fadesa, Grupo Ferrocarril, Hercesa, Level, Metrovacesa, Montebalito, Nozar, Quabit, Realia, Restaura, Reyal Urbis y Vallehermoso.
Etiquetas: Ana Pastor, Cristóbal Montoro, desgravación en el IRPF, G-14, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, IVA, Luis de Guindos





